Lo aseguró Ananías Campos, presidente del Sindicato de Construcción Civil de Huancabamba, tras recordar que la multitudinaria marcha de pobladores de Huancabamba en apoyo a la inversión privada y el desarrollo de la industria minera, hace unas tres semanas, fue una rotunda expresión de rechazo a las políticas de los citados alcaldes que sustentan su trayectoria y sobrevivencia política en el cerrado rechazo contra la minería y las inversiones.
Campos dijo que el alcalde de Carmen de la Frontera –quien es hermano de congresista oficialista Leonidas Huayama- reclutó a más de 120 trabajadores de las obras que lleva a cabo la municipalidad distrital con el fin de amenazar a la población, saquear e incendiar algunas viviendas y perpetrar algunos destrozos en el local de la empresa minera Río Blanco Copper S., como efectivamente sucedió este fin de semana. Junto con Huayama e Ibáñez, indicó, se halla el presidente de las Rondas Campesinas de Huancabamba, Pedro Velasco, “un profesor que nunca ha sido campesino” y cuya organización –altamente politizada e ideologizada- forma parte del aparato político de los citados burgomaestres.
El dirigente sindical afirmó que de acuerdo a varios testimonios, cada individuo que integra esta gavilla -aparte de que son cubiertos sus gastos de movilidad y transporte- recibe un “sueldo” diario que oscila entre 30 a 50 soles por parte de la municipalidad de Carmen de la Frontera durante las fechas que se internan a las comunidades para llevar a cabo sus tareas violentistas. Recordó que el 22 de octubre pasado, las organizaciones sociales de Huancabamba organizaron una gran marcha a favor de las inversiones, el desarrollo y la posibilidad de dar luz verde a la industria minera en la región con inclusión social y un estricto respeto al medio ambiente.
La movilización –que convocó a un estimado de 6 mil pobladores y comuneros- fue, dijo, el campanillazo de alarma para los alcaldes de Carmen de la Frontera y de Huancabamba, así como de sus operadores, sobre el cambio de ánimo popular que ya empieza a cuestionar la gestión de estas autoridades. “Estos alcaldes han organizado a un grupito violento para intimidar y controlar a la gente porque temen la revocatoria, tienen la desesperación de que la población empiece a apoyar las inversiones y la industria minera, además (sino pueden mantener sus promesas de articular sus políticas alrededor del rechazo a las inversiones) la organización de las rondas se les pueden ir encima”, manifestó.
Una modalidad de terrorismo
Como se informó, este fin de semana un nutrido grupo de individuos fueron trasladados hacia el área montañosa del distrito de Carmen de la Frontera a fin de violentar la oficina de Río Blanco Copper S.A., así como las viviendas de pobladores que apoyan a esta empresa minera. Además este grupo, armado de machetes y látigos (“chicotes”), ha amenazado a los pobladores de ese sector para que no apoyen a la compañía ni participen en los proyectos que esta desarrolla en la comunidad.
Los organizadores de la gavilla, el alcalde de Carmen de la Frontera, Ismael Huayama (fotografía) y el dirigente de las rondas campesinas, Pedro Velasco habían hecho declaraciones radiales y manifestaciones en reuniones donde señalaban que se iban a realizar patrullajes para impedir que la empresa realice proyectos en la zona y que no se responsabilizaban si hubiese un saldo de muertos o heridos con las visitas que puedan realizar.
Según ha declarado el teniente gobernador de Carmen de la Frontera, Santos Cruz Pusma, el grupo de violentistas llegó, cerca de las 11:00 de la mañana del domingo, al caserío Rosarios Bajos, en este distrito, para violentar la casa del poblador Sindulfo Neira Guerrero, vaciar su casa y quemar sus pertenencias, en represalia por haber trabajado en años anteriores para la empresa minera. Luego se trasladaron al Centro Poblado El Carmen, en el mismo distrito, y en horas de la tarde atacaron las oficinas de Río Blanco Copper y violentaron viviendas de otros pobladores que apoyan o trabajan con la empresa minera, entre ellas la del teniente gobernador del Centro Poblado, Santos Cruz Pusma.
Además el grupo violentista ha generado mucho temor pues amenaza a los pobladores para que no apoyen ni participen de los proyectos que realice la empresa en la zona. Los pobladores confirmaron que la movilidad y el transporte de los violentistas ha sido financiada por el alcalde Huayama, quien además viene pagando una suma que alcanza hasta S/. 50 a cada uno de los pobladores que han participado de dichas acciones violentas.
Cabe recordar que en noviembre del 2009 fue perpetrado un atentado armado contra el campamento del proyecto minero Río Blanco Copper que dejó como saldo tres trabajadores asesinados. Además de otras acciones de violencia, en enero de ese año también se violentaron las oficinas de dicha empresa en el Centro Poblado Menor El Carmen, sin embargo hasta la fecha no se ha logrado sancionar a los culpables ni hacer justicia con ellos.
