Una serie de beneficios ilegales habrían sido otorgados a la contratista Camargo y Correa por parte de la gestión aprista, previo a la suscripción del contrato para la ejecución del Componente I del Proyecto Alto Piura (Peihap).
La denuncia fue formulada ante el Ministerio Público por la Procuradora Regional, Rosa Mercedes Chinchay Labrín, por los delitos de colusión desleal, usurpación de funciones, omisión de los deberes funcionales, y negociación incompatible.
Los acusados son el ex presidente regional César Trelles Lara; el ex presidente del directorio del Peihap, Juan Coronado Balmaceda; el ex vicepresidente del Peihap, Miguel Talledo Arámbulo; y el ex gerente general del Peihap, Humberto Correa.
LOS CARGOS. El primer señalamiento de la procuradora es el incumplimiento doloso de las bases de la licitación pública internacional, lo cual ha permitido a los denunciados negociar y suscribir un contrato, contrario a las reglas inmutables y definitivas establecidas en las bases, sus enmiendas y aclaraciones.
Labrín Chinchay remarca que los intereses patrimoniales del Estado fueron agraviados, y no se respetó el modelo del contrato establecido en las bases de la licitación.
Indica también que aceptaron una propuesta económica condicionada, en contra de lo establecido y aclarado en la etapa de consultas y respuestas presentadas por los postores, lo que debió motivar que se rechace la oferta.
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